Directiva (UE) 2026/470: preguntas y respuestas sobre la Directiva Ómnibus I

La Directiva (UE) 2026/470, conocida como Directiva Ómnibus I, es una norma de la Unión Europea que modifica el marco europeo de reporting de sostenibilidad y diligencia debida empresarial. Su objetivo es simplificar obligaciones, elevar determinados umbrales de aplicación y reducir cargas administrativas, especialmente para empresas de menor tamaño dentro de la cadena de valor.

En esta entrada, desde GAIAMBIENTE, damos respuesta a qué cambia con la Directiva (UE) 2026/470, a qué empresas afecta, qué relación tiene con la CSRD y la CSDDD y cuáles son sus principales implicaciones prácticas.

¿Qué es la Directiva (UE) 2026/470?

La Directiva (UE) 2026/470 es una directiva de modificación. No crea un régimen completamente nuevo, sino que recalibra y optimiza el existente en materia de sostenibilidad y diligencia debida, buscando que la normativa sea más proporcionada y operativa.

¿Por qué se conoce como Directiva Ómnibus I?

La Directiva (UE) 2026/470 se conoce como Directiva Ómnibus I porque forma parte del paquete europeo de simplificación normativa que reajusta varias piezas legislativas de sostenibilidad empresarial al mismo tiempo, en lugar de aprobar una norma aislada para cada materia.

¿Cuál es su finalidad principal?

La Directiva (UE) 2026/470 tiene como objetivos principales:

  • Reducir la carga administrativa para las empresas.
  • Reforzar la proporcionalidad regulatoria según el tamaño de la compañía.
  • Mejorar la competitividad europea, preservando al mismo tiempo los compromisos del Pacto Verde Europeo.

¿Qué normas modifica?

Introduce cambios en auditoría legal, información corporativa, reporting de sostenibilidad y diligencia debida empresarial en sostenibilidad, modificando las siguientes normas:

  • Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo.
  • Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo Texto pertinente a efectos del EEE.
  • Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican el Reglamento (UE) 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (Texto pertinente a efectos del EEE).
  • Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859.

¿Qué cambia en el reporting de sostenibilidad con la Directiva (UE) 2026/470?

Introduce un nuevo umbral para el reporting de sostenibilidad (CSRD). A partir del 1 de enero de 2027, con carácter general, se limita el reporting obligatorio a empresas con más de 1.000 empleados y una facturación neta anual de más de 450 millones de euros, por lo que se reduce de forma significativa el número de entidades dentro del perímetro de la CSRD.

¿Cómo afecta la Directiva Ómnibus I a la cadena de valor?

La Directiva (UE) 2026/470 limita las exigencias en la cadena de valor, reduciendo la presión sobre los pequeños proveedores. Las empresas obligadas a reportar no podrán exigir a determinadas entidades de su cadena de valor información que exceda los estándares voluntarios aplicables, cuando esa solicitud se haga para cumplir con su reporting de sostenibilidad. Esa protección, sin embargo, no elimina otros requerimientos que puedan existir por diligencia debida, gestión de riesgos u otras obligaciones legales.

¿Qué son las empresas protegidas?

A efectos de la Directiva (UE) 2026/470, las empresas protegidas son aquellas entidades de la cadena de valor que no superan una media de 1.000 empleados durante el ejercicio financiero. El objetivo es brindarles una protección especial frente a las cargas administrativas excesivas, dándoles derecho a rechazar solicitudes de información que excedan los límites previstos por los estándares voluntarios.

¿Qué cambia en la diligencia debida con la Directiva (UE) 2026/470?

La Directiva Ómnibus I modifica la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD), elevando el umbral de aplicación a empresas con más de 5.000 empleados y más de 1.500 millones de euros de facturación neta. También flexibiliza el enfoque operativo, permite concentrar el análisis en las áreas donde los impactos adversos sean más probables, elimina la obligación de implementar planes de transición climática y suaviza el régimen sancionador, fijando un tope máximo del 3% del volumen de negocios neto mundial para las sanciones nacionales.

¿A qué empresas afecta la Directiva (UE) 2026/470?

Principalmente, afecta a grandes empresas y grupos empresariales sujetos a reporting de sostenibilidad o diligencia debida. Sin embargo, también impacta de forma indirecta a las pymes y a otras entidades de las cadenas de valor, al limitarse el volumen de información que las grandes compañías pueden trasladarles para fines de reporting.

¿Cuándo entró en vigor la Directiva Ómnibus I?

Tras su publicación en el DOUE el 26 de febrero de 2026, la Directiva (UE) 2026/470 entró en vigor el 18 de marzo de 2026.

¿Cuándo deben trasponerla los Estados miembros?

Los Estados miembros tienen un año desde su entrada en vigor, es decir, hasta el 18 de marzo de 2027, para transponer el grueso de sus modificaciones (artículos 1, 2 y 3). Para el artículo 4, relativo al nivel de armonización en diligencia debida, el plazo se amplía hasta el 26 de julio de 2028.

¿Por qué es relevante La Directiva (UE) 2026/470?

La Directiva Ómnibus I es importante porque redefine el equilibrio entre sostenibilidad y carga regulatoria en la Unión Europea. Mantiene el marco ESG, pero reduce el número de empresas obligadas a reportar y ajusta la intensidad de varias obligaciones de diligencia debida.

¿Por qué ha generado algunas críticas?

Para algunos expertos, la Directiva (UE) 2026/470 prioriza la reducción de costes y cargas burocráticas empresariales frente a la exigencia de estándares altos de sostenibilidad. El debate se centra en lo siguiente:

  • Ralentización de la sostenibilidad. Se percibe como un retroceso o una pausa en la ambición europea por la sostenibilidad. Se dice que, bajo la excusa de simplificar, se diluyen las obligaciones de diligencia debida y reporte ambiental, lo que podría favorecer prácticas de greenwashing frente a una verdadera responsabilidad.
  • Aumento de los umbrales para reportar. Modifica la Directiva 2013/34/UE para elevar los umbrales que obligan a las empresas a elaborar informes de sostenibilidad. Esto supone que menos entidades de interés público estén obligadas a reportar, limitando la transparencia total sobre el impacto ambiental y social.
  • Incertidumbre jurídica. Al modificar diversas directivas, se teme que pueda generar cierta confusión tanto en la transposición a los derechos nacionales como en la implementación práctica por parte de las empresas.
  • Simplificación burocrática frente a responsabilidad. Aunque reducir la carga administrativa puede considerarse positivo, también se cree que podría poner en riesgo los compromisos ambientales y sociales que sustentan el Pacto Verde Europeo.

¿Se mantienen los objetivos ESG?

Sí, pero con un enfoque más selectivo y pragmático. La Directiva (UE) 2026/470 no elimina el marco europeo de sostenibilidad, sino que lo revisa para concentrarlo en empresas de mayor tamaño y evitar efectos desproporcionados sobre entidades más pequeñas.

¿Qué papel desempeña la Comisión Europea?

La Comisión Europea se encargará de supervisar tanto la implementación del nuevo marco como la adopción de los estándares voluntarios. Además, evaluará el impacto de las medidas de simplificación.