En un momento en el que la transición energética avanza a gran velocidad, la aceptación social de los proyectos renovables se ha convertido en un factor tan determinante como la viabilidad técnica, ambiental o administrativa. Para profundizar en este enfoque, hablamos con Inés Monroy, fundadora de Licencia Social Energía (LSE), experta en energías renovables, gestión social y territorial de proyectos y mediadora.
A lo largo de la entrevista, Monroy aborda por qué la licencia social no debe entenderse como un trámite adicional, sino como una forma de desarrollar proyectos más sólidos, mejor integrados en el territorio y con mayor viabilidad a largo plazo. También destaca el papel que pueden desempeñar consultoras ambientales como GAIAMBIENTE, integrando la dimensión social desde las primeras fases de los estudios y tramitaciones ambientales, con el objetivo de enriquecer el análisis territorial, anticipar riesgos y favorecer proyectos más sostenibles, legítimos y alineados con las expectativas del entorno.
¿Cómo surgió Licencia Social Energía (LSE) y qué problemática buscaba resolver?
LSE nace de mi experiencia tanto en el desarrollo y dirección de proyectos de energías renovables como en iniciativas de cooperación al desarrollo, donde comprobé que el éxito de un proyecto no depende únicamente de su viabilidad técnica, económica y legal, sino también de su capacidad para generar un impacto social positivo y empoderamiento de las comunidades locales.
Con el despliegue renovable en España tras el Real Decreto-ley 23/2020, entendí que tanto el tamaño como la concentración de proyectos en determinados territorios acabaría generando tensiones sociales si no se gestionaba profesionalmente la dimensión territorial. Los años posteriores confirmaron esa previsión y comenzaron a aparecer movimientos de oposición, incluso hacia proyectos objetivamente bien planteados. Lo más relevante es que la aceptación social no depende exclusivamente de los impactos objetivos del proyecto. Factores como la confianza, la percepción de justicia, la calidad de la participación o la relación que se construye con el territorio pueden llegar a ser tan determinantes como los propios indicadores técnicos y ambientales para llevar el proyecto a buen puerto.
Esa realidad me llevó a formarme para profundizar en metodologías de licencia social para operar, participación social, gestión territorial y prevención de conflictos, incorporando aprendizajes y buenas prácticas contrastadas durante décadas en otros países y en otros sectores que impactan más en los territorios, pero que se gestan en un plazo mayor de tiempo y esto permite construir relaciones más sólidas con las comunidades y los territorios.
Con esa visión nació LSE: una consultora especializada en integrar la dimensión social y territorial dentro del desarrollo, construcción y operación de proyectos energéticos mediante equipos multidisciplinares con perfiles que tradicionalmente no han formado parte del sector y que ahora trabajan junto a la ingeniería, el medio ambiente y la regulación para contribuir a que los proyectos progresen con mayor legitimidad.
Cuando hablamos de licencia social, ¿a qué nos referimos exactamente y por qué no debe confundirse con una licencia administrativa?
La licencia social es el grado de legitimidad social que recibe una actividad económica desempeñada por una empresa y se traduce en el nivel de apoyo y aprobación que recibe por parte de los diferentes grupos de interés que pueden influir o verse afectados por dicha actividad. No es un documento, ni una autorización administrativa, sino que es fruto de una relación que se construye con el tiempo.
Un proyecto puede cumplir minuciosamente toda la normativa e, incluso, con los nuevos estándares de excelencia social y territorial del Real Decreto-ley 7/2026 y, aun así, encontrar un fuerte rechazo social. Lo crítico es que esto puede condicionar la propia tramitación, traduciéndose en alegaciones, recursos judiciales o retrasos burocráticos que dañen la rentabilidad. En el peor de los casos, llega a la fase de operación en forma de boicots que paralizan la generación y comprometen directamente el retorno de la inversión.
Además, la licencia social tiene una dificultad añadida: no se obtiene una sola vez, sino que evoluciona en el tiempo. Las expectativas sociales cambian al igual que lo hacen las generaciones, los actores políticos, el acceso a determinada información o la propia evolución del proyecto o la simple acumulación de proyectos. Por eso, exige mucho más que cumplir la normativa o generar retornos económicos; requiere comprender el territorio, incorporar sus expectativas desde el inicio y mantener vivo el canal de comunicación durante todo el ciclo de vida del proyecto para afrontar cualquier desafío. En definitiva, la licencia social no consiste en conseguir que un territorio acepte un proyecto; sino en desarrollar proyectos que merezcan ser aceptados por ese territorio.
¿Cómo se explica este concepto a un promotor que considera que contar con todos los permisos técnicos y administrativos es suficiente para ejecutar un proyecto?
La obtención de permisos ya no garantiza por sí solo la viabilidad del proyecto. A día de hoy, existen proyectos que, pese a haber avanzado con éxito en su tramitación, sufren retrasos, impugnaciones, dificultades para financiarse o terminan abandonándose por no haber gestionado adecuadamente su relación con el territorio.
Desde hace años, nadie cuestiona la necesidad de realizar estudios ambientales o adoptar medidas preventivas y compensatorias. Se sabe que esa inversión mejora la calidad y reduce riesgos. Pues bien, creo que estamos entrando en una etapa similar con la dimensión social y territorial. El Real Decreto-ley 7/2026 marca un punto de inflexión, pero sería un error entenderlo como un nuevo trámite. Lo que plantea es una nueva forma de desarrollar proyectos basada en conocer el contexto local, mantener un diálogo anterior a la fase de exposición pública y que vaya mucho más allá de responder alegaciones, incorporar las aportaciones del territorio al diseño, construcción y operación, anticipar conflictos y compartir valor de una manera más amplia que la mera contribución fiscal.
Y, además, existe una razón puramente empresarial: el coste de integrar la dimensión social es muy reducido frente al coste de no hacerlo. A los retrasos y litigios mencionados antes hay que añadir aumentos en el CAPEX, dificultades para atraer y retener empleados, acceder a oportunidades de negocio, daño reputacional, pérdida de valor del activo y de la energía generada o, en el peor de los casos, la inviabilidad del proyecto. Todas ellas tienen un impacto muy superior a la inversión en gestión social.
También conviene entender el contexto en el que han venido desarrollándose muchos proyectos. Los promotores compiten entre sí en un entorno de elevada incertidumbre regulatoria y administrativa, con escasa visibilidad sobre la evolución de los expedientes, posibles cambios en las administraciones locales o incluso cambios de criterio derivados de utilización electoralista. Esa incertidumbre ha hecho que, en muchos casos, se haya priorizado avanzar con rapidez frente a dedicar tiempo a construir relaciones tempranas con el territorio.
Pero, como decía, a partir del Real Decreto-ley 7/2026 es evidente que interesa mucho al desarrollador beneficiarse de los incentivos que se asociarán al cumplimiento de los estándares de excelencia social y territorial, como son la preferencia en la concesión de acceso y conexión a la red, en los concursos de asignación de régimen económico regulado y a los efectos de ser declarados como proyectos energéticos preferentes.
¿Por qué la licencia social ha ganado tanta relevancia en los últimos años, especialmente en el despliegue de energías renovables en Europa?
Porque la transición energética se está desarrollando a una velocidad y una escala sin precedentes. En pocos años, se han concentrado muchos de proyectos renovables en determinados territorios, generando percepción de saturación y la sensación de competir con usos tradicionales del suelo, transformar el paisaje o responder a necesidades que no siempre son las de quienes viven allí.
Existe además una tensión estructural que distingue a las energías renovables de otras grandes infraestructuras. Construir relaciones de confianza con un territorio requiere tiempo, mientras que la transición energética exige acelerar el despliegue para responder al reto climático. Esto obliga a trabajar con metodologías mucho más eficaces desde el primer momento.
La descarbonización es un objetivo global, pero cualquier transformación siempre se vive desde lo local. Cada territorio tiene su identidad, su actividad y su propia visión de futuro. Cuando las comunidades sienten que esos elementos no se han tenido suficientemente en cuenta o que no han participado en las decisiones que les afectan, es normal que aparezcan resistencias, incluso hacia proyectos que persiguen un objetivo tan positivo como la lucha contra el cambio climático.
Al mismo tiempo, la sociedad europea exige hoy transparencia, participación y capacidad de influencia en las decisiones públicas y privadas. Ya no basta con presentar un proyecto e informar de sus beneficios; se espera un diálogo temprano y continuo que permita incorporar las aportaciones comunitarias.
A ello se suma la evolución regulatoria y financiera que integra cada vez más las dimensiones ambiental, territorial y social dentro del concepto de sostenibilidad. Ya no es suficiente con generar energía limpia. El propio acrónimo ESG lo indica.
En la práctica, ¿qué significa integrar el componente social en un proyecto de energías renovables desde sus primeras fases?
Significa incorporarla desde la fase de prefactibilidad, cuando el proyecto todavía tiene capacidad de adaptarse. Si la gestión social comienza cuando el diseño está prácticamente cerrado o cuando se inicia el periodo de información pública, normalmente ya es demasiado tarde para incorporar las preocupaciones del territorio.
Precisamente por eso resulta tan importante incorporar la información social antes incluso de consolidar la localización definitiva del proyecto. Existe la percepción de que los terrenos degradados o industriales son siempre la mejor alternativa, cuando la realidad es más compleja. La disponibilidad de capacidad en la red, la eficiencia técnica, la viabilidad económica, las limitaciones ambientales o la propia configuración del territorio hacen que no siempre exista una solución perfecta. La dimensión social ayuda precisamente a tomar decisiones mejor informadas cuando hay que equilibrar todos esos condicionantes.
Además, hay que tener en cuenta que los momentos socialmente más delicados suelen coincidir con los principales hitos ambientales. Por eso, ambas dimensiones deben desarrollarse de forma conjunta y desde las etapas más tempranas. A veces, un pequeño ajuste en la implantación, en un acceso, en el trazado o en la protección de un valor cultural puede cambiar por completo la percepción que el territorio tiene del proyecto.
¿En qué etapa del proyecto es más crítica la intervención de LSE para asegurar una relación sólida y un impacto positivo en el territorio?
Nuestro asesoramiento e intervención aporta más valor en las fases iniciales, cuando todavía existe margen para el encaje territorial del proyecto y no hay tensiones muy escaladas. Sin embargo, la gestión social no debe entenderse como una actuación puntual, sino como una nueva forma de trabajo que ha de mantenerse durante todo el ciclo de vida y por parte de los responsables de cada etapa del proyecto.
Además de asesorar, implementamos actuaciones directamente sobre el territorio. Por una parte, obtenemos información cualitativa y neutral que rara vez aparece en los procesos formales y que permite comprender las causas profundas de un posible conflicto. Ese conocimiento facilita que promotor y territorio dialoguen desde una posición de mayor equilibrio y puedan construir soluciones compartidas.
Por otra parte, diseñamos e implementamos medidas de impacto positivo adaptadas a las necesidades reales de cada territorio. No se trata de aplicar fórmulas estándar, sino de identificar qué actuaciones generan verdadero valor compartido para la comunidad y contribuyen a que el proyecto forme parte del desarrollo local.
En definitiva, nuestra labor consiste en conectar la ingeniería, el medio ambiente y el territorio para que las decisiones técnicas incorporen también conocimiento social. Cuando eso ocurre, los proyectos no solo reducen riesgos porque incorporan inteligencia territorial, sino que además son mejores técnicamente y están más integrados ambientalmente.
¿Qué errores suelen cometerse cuando la dimensión social se incorpora demasiado tarde?
El principal error es abordar la relación con el territorio de forma reactiva en lugar de proactiva. Cuando la gestión social se inicia en fases avanzadas, muchas percepciones ya están consolidadas y resulta mucho más difícil generar credibilidad y construir relaciones basadas en la confianza. Las voces contrarias se han pronunciado en canales donde no existe la escucha y las posiciones se han radicalizado.
Por otro lado, cuando el promotor presenta sus planes cuando ya están definidos, deja a la población en una posición pasiva, sin capacidad de incidir en las decisiones. Esta exclusión alimenta una sensación de impotencia y agrava el conflicto, ya que la comunidad percibe que su territorio está siendo negociado sin su consentimiento.
Otro error frecuente es reducir la dimensión social a comunicación corporativa, acciones de patrocinio o a acciones puntuales de información, cuando, en realidad, requiere escucha activa, análisis territorial continuo, capacidad real de adaptación del proyecto y generación de valor durante toda la vida útil del proyecto.
También es habitual interpretar la ausencia de conflicto visible o el silencio administrativo como una señal de aceptación social, cuando en muchos casos simplemente refleja que el conflicto aún no se ha expresado.
Trabajáis con la herramienta Due Diligence Licencia Social, ¿qué tipo de variables o marcadores analiza para medir la percepción social y la confianza de un territorio?
La Due Diligence de Licencia Social es una herramienta metodológica que permite identificar variables cualitativas que no aparecen en los análisis socioeconómicos tradicionales, como la percepción del proyecto en el territorio, la relación existente entre los actores clave, la calidad de la relación con el promotor, la identidad y valores locales, los posibles focos de sensibilidad social o la historia previa de conflictos en la zona.
El objetivo es dotar al análisis y supervisión de la evolución de un proyecto de una capa adicional que permita interpretar mejor el contexto local, evaluar el nivel de tensión social, anticipar riesgos antes de que se materialicen y mejorar la toma de decisiones.
¿Qué otras herramientas o metodologías utilizáis para favorecer la participación de comunidades locales, administraciones, propietarios, asociaciones u otros agentes del territorio?
Trabajamos con metodologías que combinan procesos de mapeo de actores, entrevistas cualitativas sobre temas materiales o relevantes para el proyecto, grupos de contraste, talleres participativos y dinámicas de negociación, actuaciones propias de la comunicación de crisis y el empleo de herramientas para la prevención, gestión y resolución de conflictos cuando es necesario.
También diseñamos mecanismos de devolución de información al territorio, que permiten cerrar el ciclo de participación y mantener los canales de comunicación abiertos y activos para que los distintos agentes puedan expresarse con cierta equidad informativa y con capacidad de influencia real.
¿Puedes compartir algún caso en el que una buena gestión social haya cambiado el desarrollo o la aceptación de un proyecto energético?
Sí, hemos visto situaciones en las que, gracias a un proceso de escucha estructurada, un proyecto con un rechazo inicial ha logrado reconducirse al haber la posibilidad de adaptar el diseño.
Recuerdo un caso, en una zona saturada de proyectos y con cierta reticencia local, donde decidimos abrir el proceso de información y participación en fase muy temprana. El resultado fue excelente. Logramos que personas que inicialmente se mostraban contrarias agradecieran el diálogo constructivo y que, incluso, algunos propietarios ofrecieran terrenos para el proyecto. Además, la propia comunidad aportó información sobre otras infraestructuras previstas que el promotor desconocía, lo que evitó inversiones innecesarias y ahorró tiempo de desarrollo.
Esa experiencia demuestra que la gestión social no solo reduce conflictos; también mejora la toma de decisiones. Y, sobre todo, pone de manifiesto que muchas veces el factor determinante no es técnico, sino humano. Estar presente, escuchar y dar la cara genera una confianza que difícilmente puede sustituirse con informes o campañas de comunicación.
¿Qué indicadores consideráis más útiles para evaluar la aceptación social y la evolución de la relación entre promotor y territorio?
La aceptación social se mide a partir de un conjunto de variables cualitativas y evolutivas, que, además, han de provenir de fuentes primarias (recogidas directamente del territorio) y no intermedias o secundarias (bases de datos, estadísticas, etc.). Para entender un territorio, es fundamental escuchar a las personas que viven en él.
Entre los indicadores más útiles para evaluar la aceptación que recibe un proyecto y poder establecer una estrategia, destacan la calidad de la relación con los actores locales, la evolución de la narrativa social, la aparición o no de conflictividad organizada, la lectura social de las alegaciones, la permeabilidad al diálogo o la posibilidad de trabajar desde las posiciones hacia los intereses comunes.
Desde el punto de vista del promotor, ¿cómo se traduce una buena gestión social en beneficios concretos para el proyecto?
Una buena gestión social se traduce en reducción de riesgos, mayor previsibilidad en los plazos, retorno de la inversión más rápido, menor probabilidad de judicialización, mejor relación con administraciones y agentes locales o aumento del valor del activo y de la energía generada. Además, una integración territorial sólida hace que los proyectos sean más atractivos para inversores y entidades financieras y se reduzca su vulnerabilidad ante posibles cambios políticos.
Y desde tu experiencia, ¿qué motiva el rechazo a las renovables en el ámbito rural y bajo qué premisas crees que un proyecto energético logra integrarse positivamente en el territorio y generar beneficios reales?
El rechazo a las renovables en el ámbito rural no responde a una única causa, sino a una combinación de factores: temores legítimos acerca de los peligros, percepción de falta de participación, sensación de desequilibrio en el reparto de beneficios, cambios en el paisaje e, incluso, desconfianza a la gobernanza institucional existente entre los distintos niveles de la administración.
Además, hay que ser realistas. A veces, el conflicto nace de la desinformación, pero en otras ocasiones responde a intereses particulares o agendas que buscan instrumentalizar el descontento. Por eso, nuestra labor también consiste en mapear a los actores clave para identificar estas dinámicas, neutralizar una posible manipulación con datos transparentes y proteger el interés común del proyecto.
Cuando un proyecto ya parte de un rechazo social fuerte, ¿qué pasos recomiendas para abrir un proceso de escucha, mediación y reconstrucción de confianza?
Si el proyecto aún es viable administrativamente, lo primero es identificar el área de influencia social y los actores clave para abrir un proceso estructurado de escucha que permita entender las causas reales del conflicto, más allá de las posiciones iniciales.
A partir de ahí, es fundamental generar espacios de diálogo en condiciones de equilibrio informativo y con metodología participativa y de prevención y gestión de conflictos. Solo así se puede analizar qué elementos del proyecto son realmente sensibles para el territorio y trabajar para alcanzar un cruce entre todos los intereses y necesidades comunes.
Por último, la clave está en cerrar el proceso devolviendo al territorio el resultado de ese diálogo y realizar un seguimiento que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que permita introducir los ajustes que sean necesarios.
¿Qué tendencias regulatorias, financieras o de mercado pueden impulsar que la licencia social pase de ser una buena práctica a convertirse en un requisito estratégico?
La tendencia regulatoria es muy clara a raíz del Real Decreto-ley 7/2026, que anticipa que ya no basta con demostrar la viabilidad técnica, económica y ambiental de un proyecto y comunicarse con el territorio vía respuesta a alegaciones. El nuevo marco normativo empieza a reconocer expresamente la excelencia social, territorial y ambiental como un elemento diferenciador. Este cambio es muy significativo porque convierte la integración social en un factor de competitividad y no únicamente de cumplimiento.
Al mismo tiempo, inversores, entidades financieras y estándares ESG avanzan en esa dirección, incorporando cada vez más variables relacionadas con la gobernanza y la dimensión social.
¿Qué perfiles profesionales son imprescindibles para gestionar con éxito la intersección entre energía, territorio, participación pública y cohesión social?
Se requieren equipos multidisciplinares. Además de perfiles técnicos y ambientales, es clave la presencia de profesionales con formación y sensibilidad social que cuenten con alto nivel de interlocución, flexibilidad, capacidad negociadora y capacitación para hacerse cargo de procesos complejos con alta carga de tensión.
También es importante que el personal que se relaciona con el territorio permanezca en la empresa. Se trata de crear credibilidad y relaciones de confianza, lo cual requiere que no haya cambio de interlocutor. Además, la propia compañía pierde mucha información intangible relevante cuando tiene alta rotación en este tipo de perfiles.
¿Crees que el sector ya está preparado para asumir este cambio de enfoque o todavía falta cultura organizativa?
El sector está avanzando, pero todavía se encuentra en transición. Existe mayor conciencia sobre la importancia de la dimensión social, pero todavía no está completamente integrada en la cultura organizativa de la mayoría de empresas. En muchos casos, se trata como un elemento reactivo o secundario y se entiende más como un coste adicional que como una inversión o pieza angular para alcanzar el éxito.
El reto es pasar a una lógica de integración estratégica desde el inicio del proyecto, lo cual implica una nueva forma de trabajo que involucra a todos los departamentos de la empresa, no solo al de desarrollo de proyectos.
Desde la perspectiva de una consultora como GAIAMBIENTE, ¿cómo se puede integrar eficazmente la dimensión social en los estudios, las tramitaciones y el acompañamiento ambiental de proyectos?
Integrar la dimensión social en la tramitación ambiental supone unificar el análisis territorial desde el primer día, coordinando equipos para que lo social no sea un añadido de última hora. Hacerlo así enriquece los estudios ambientales y optimiza el diseño de alternativas. Esto ayuda a enriquecer los estudios ambientales y permite anticipar y desactivar posibles conflictos antes de llegar a la fase de información pública, blindando los plazos del proyecto.
¿Qué posibles vías de colaboración ves entre Licencia Social Energía y GAIAMBIENTE?
Existe una complementariedad clara entre la dimensión ambiental y la social y territorial. La colaboración es especialmente valiosa en la fase inicial de los proyectos, donde ambas perspectivas permiten construir diagnósticos más completos del territorio, comunicar mejor los impactos ambientales y medidas de prevención, mitigación y compensación, así como la posible adaptación del diseño del proyecto y la mejor anticipación de riesgos. Tenemos un mismo objetivo: desarrollar proyectos más sólidos y sostenibles, mejor integrados y con mayor viabilidad a largo plazo.
Mirando al futuro, ¿cómo te gustaría que evolucionara Licencia Social Energía en los próximos años y qué tendría que cambiar en el sector para que la licencia social se convierta en un estándar en toda infraestructura energética?
De cara al futuro, me gustaría que LSE contribuyera a consolidar la dimensión social como un estándar integrado en el desarrollo de cualquier infraestructura energética, al mismo nivel que la ingeniería o el análisis ambiental, regulatorio y financiero. Para ello, el sector debe avanzar hacia modelos de trabajo más transversales, donde la toma de decisiones incorpore desde el inicio la visión social de forma coordinada, con un presupuesto asignado y un profesional encargado de cumplir con objetivos sociales. A partir de ahí, la licencia social dejará de ser percibida como un elemento añadido al proyecto para convertirse en una parte natural del mismo, mejorando tanto su calidad como su viabilidad.
