La exigencia en la transparencia de información financiera y no financiera de las empresas se ha vuelto tendencia (y exigencia) en los últimos años. Inversores, clientes, Administración Pública y la sociedad imploran que la información relativa al desempeño sostenible de las organizaciones sea pública. Por esto, muchas de ellas han incorporado anualmente la publicación y/o elaboración de los informes de sostenibilidad ESG. 

En este artículo te contamos qué son, cuándo son obligatorios y las ventajas de llevar la responsabilidad social corporativa al día. 

¿Qué es un informe de sostenibilidad en una empresa? 

Se trata de un documento que evalúa los efectos de la empresa en el medio ambiente y en el entorno y propone mejoras para su consecución, tanto internas como externas a la compañía. 

A través de ellos, las organizaciones miden su impacto teniendo en cuenta criterios sociales, ambientales y de gobernanza (la propia dirección de la empresa). Por estas siglas en inglés, a los informes de sostenibilidad también se les conoce como ESG (Environmental-Social-Governance).  

Estos informes permiten a las empresas ser más transparentes con sus prácticas y procesos, aportando una mayor confianza a las partes interesadas y ofreciéndoles información más allá de sus resultados económicos, lo que da una mayor comprensión sobre el compromiso socioambiental de las organizaciones. 

¿Cuándo es obligatorio un informe de sostenibilidad ESG en España? 

En España, la Ley 21/2013 es la que rige la obligatoriedad de presentar evaluaciones de impacto ambiental. A finales del 2018 sufrió una modificación mediante la Ley 9/2018 la cual obliga a un número mayor de empresas a presentar ante la Administración Pública estos reportes de información no financiera. 

La Comisión Europea también está trabajando en este tema, así, en los próximos años se esperan nuevas regulaciones con directrices claras para elaborar y presentar los Informes de Sostenibilidad, con el objetivo de alcanzar las metas del Acuerdo de París, Pacto Verde Europeo y conseguir una recuperación tras la COVID-19 de una forma ecológica y justa. 

Aunque en un principio esta legislación se centraba en el impacto ambiental, con el paso del tiempo se han ido incorporando otros criterios sociales y de gobernanza, que miden el impacto de la empresa en las personas (bienestar de los trabajadores, proveedores, igualdad…) y en su entorno (barrios de actuación, voluntariados, etc.). 

La obligatoriedad según la regulación española de hacer pública la información no financiera de una empresa cada año, se rige bajo tres puntos: los ingresos, el número de trabajadores y la sede matriz. Así, deben hacerlo: 

• Las empresas que tengan más de 500 trabajadores o que empleen durante dos ejercicios seguidos una media de 250 empleados.  
• Aquellas cuyos ingresos superan los 40 millones de euros o sus partidas de activos son mayores a los 20 millones de euros. 
• Empresas que tengan una sede matriz en algún país dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). 

Aunque la publicación de los informes no financieros no sea obligatoria para las organizaciones más pequeñas (se entiende que es por una cuestión de recursos), no está de más que las pymes evalúen su desempeño ambiental, social y de gobernanza de cara a adaptarse a posibles endurecimientos de leyes actuales o publicación de nuevas regulaciones relacionadas con el desarrollo sostenible y la transición ecológica de la sociedad.  

GAIA Ambiente es una consultoría ambiental formada por especialistas en legislación y gestión ambiental de empresas y organizaciones. Si necesitas ayuda para impulsar tu compañía hacia la sostenibilidad, no dudes en contactar con nosotros.